El diputado Adrián González Naveda, del PT, presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el fin de aumentar las sanciones penales contra la tala ilegal.
Señala que se impondrá pena de un año a veinte años de prisión (actualmente es de seis meses a nueve años) y multa de tres mil a veinte mil veces (la vigente es de cien a tres mil) el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien realice desmonte, tala, derribo o destrucción de árboles en áreas verdes, áreas de donación, terrenos forestales, selvas o zonas con vegetación natural sin contar con la autorización correspondiente.
También para quien exceda el volumen, superficie o especies autorizadas en su permiso y/o altere o falsifique documentos relacionados con el aprovechamiento forestal.
Agrega que cuando la tala ilegal ocurra en Áreas Naturales Protegidas, áreas verdes y/o áreas de donación, involucre especies endémicas o en riesgo, o provoque pérdida de superficie forestal superior a una hectárea, la pena se aumentará hasta en una mitad y será obligatoria e imprescriptible la reparación del daño ambiental.
Establece agravantes para casos de afectación a Áreas Naturales Protegidas, especies en riesgo y grandes superficies, hacer obligatoria la reparación integral del daño ambiental como medida imprescriptible y crear un Padrón Nacional de Áreas Verdes.
Además, se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de tres mil a veinte mil días multa, a quien ilícitamente dañe, desmonte o construya en superficies que se encuentren dentro del Padrón Nacional de Áreas Verdes, Áreas de Donación y Superficies Forestales Protegidas.
Además de la pena de prisión y multa, el juez ordenará la restauración o reforestación de la superficie afectada, a costa del responsable, con especies nativas de la región, y la inhabilitación de cinco a diez años para participar en actividades forestales o comercio de madera.
Destaca que el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en coordinación con las entidades federativas y municipios, creará y mantendrá actualizado el Padrón Nacional de Áreas Verdes, Áreas de Donación y Superficies Forestales Protegidas.
También, la reforma plantea que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con autoridades estatales y municipales, podrán presentar denuncia penal inmediata ante el Ministerio Público Federal por cualquier acto de tala ilegal detectado, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes
La iniciativa, turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, argumenta que entre los mecanismos de operación de la tala ilegal está el blanqueo de permisos a través de documentos emitidos por ejidos o con marcas de la CONAFOR donde se legaliza la extracción de volúmenes de madera mayores a los autorizados.
Advierte de la complicidad local por parte de comisariados ejidales que gestionan permisos para justificar el desmonte, así como la corrupción institucional a través de “mordidas” a policías.
Considera que la PROFEPA carece de capacidad real para judicializar casos pues aún con detenciones en flagrancia, los delitos se niegan o se tipifican como faltas administrativas, informes policiales deficientes que provocan la liberación de detenidos y vehículos en tres días.