La Comisión de Radio y Televisión, que preside el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra (PAN), concluyó el foro “Reforma de Telecomunicaciones: Desafíos y Oportunidades”, cuyo objetivo fue escuchar los planteamientos, propuestas y preocupaciones de expertos, académicos y funcionarios en torno a la iniciativa de ley en la materia, presentada por el Poder Ejecutivo.
Monraz Ibarra indicó que la parte central de estos encuentros es enriquecer la propuesta con una visión que fortalezca las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país, con respeto fundamentalmente a la libertad de expresión, el derecho a la información, los derechos humanos y buscar mejores contenidos para las familias, además de aumentar la accesibilidad en todos los rincones de México.
“De ahí la importancia de reflexionar y discutir en un ejercicio colaborativo, para que, entre instituciones de gobierno, la Cámara de Diputados, el Senado, especialistas, y universidades, brindemos mejores condiciones para hacer competitivo a nuestro país”.
Del PVEM, el diputado José Luis Durán Reveles comentó que estas reflexiones servirán durante la discusión del proyecto de Ley de Telecomunicaciones, para entender de manera más amplia la visión y propuestas de la sociedad civil, académicos y expertos, y dar a las y los legisladores más herramientas de consideración y juicio para modificar y robustecer la propuesta.
La diputada María Angélica Granados Trespalacios (PAN) consideró que se está a tiempo de hacer lo que sea más prudente antes de presentar dicha ley ante las comisiones y el pleno para mejorarla.
Del mismo grupo parlamentario, la diputada María Elena Pérez Jaen Zermeño se congratuló por este foro. Apuntó que la extinción del INAI ha sido un retroceso en la democracia de nuestro país, por lo que “seremos víctimas de la gobernanza digital”.
Mesa 9. “Privacidad y Seguridad de los Datos Biométricos: Implicaciones y Riesgos para la Sociedad”
Francisco Javier Rivas Rodríguez, director general del Observatorio, indicó que, aunque el Registro de Usuarios del Servicio Móvil se propone con fines de mejorar la seguridad, no hay certidumbre jurídica ni contrapesos. “Lamentablemente vivimos en un país en donde fácilmente nuestras autoridades pueden ser vulneradas y la delincuencia organizada controla territorios y autoridades”.
Olivia Andrea Mendoza Enríquez, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, advirtió que los mecanismos de censura estructural e institucional pueden traer el no ejercicio de la libertad de expresión. Agregó que el principio de transparencia es de relevancia, pero no como se entiende en México e insistió en que debe haber un enfoque preventivo en el trato de datos biométricos.
A su vez, Ernesto Ibarra Sánchez, presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, dijo que se abonará a la creación de la norma con apertura para escuchar a expertos. Señaló que esta iniciativa hace referencia a plataformas y servicios digitales con un enfoque de investigación que impacte de manera positiva, sin dejar de proteger los datos personales.
Anahiby Becerril Gil, consultora internacional en ciberseguridad, derechos humanos y tecnologías emergentes, explicó que la iniciativa no contempla la obligación de publicar informes, auditorías ni mecanismos de transparencia respecto al uso de bases de datos biométricos. Tampoco regula el uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial.
Pablo Corona Fraga, presidente de la Asociación de Internet MX, expresó que se debe conservar el recurso humano de los órganos autónomos, en materia de protección de datos personales, que conoce las acciones, riesgos y problemáticas del manejo de esa información. Además, establecer mecanismos proactivos que aumenten la capacidad del Estado y las autoridades para combatir e identificar criminales, sin vulnerar los derechos humanos y la privacidad de las personas.
María José De Icaza Banet, investigadora del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19, aseguró que el Estado mexicano mantiene una vigilancia sin controles judiciales robustos ni notificaciones a las personas afectadas, lo que se agrava con el actual proyecto de ley. Además, instituciones castrenses identifican a activistas y periodistas como grupos opositores, criminales o enemigos del Poder. “El acceso a datos implica que, sin justificación ni controles claros, las autoridades nos vigilen de forma legal”.
Jonathan Mendoza Iserte, especialista en protección de datos personales, sostuvo que México ha dejado de ser referencia en datos personales a nivel regional, no solo por el diseño de la autoridad, sino por las capacidades y la profesionalización. “No es que el INAI fuera perfecto, pero tenía un diseño institucional mucho más favorable en el tema de pesos y contrapesos”.
Mesa 10. “Derechos digitales y ciberseguridad”
Ana Gaitán Uribe, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, manifestó su preocupación por el Registro de Personas Usuarias de Telefonía Móvil, que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no es idóneo para la prevención del delito porque la centralización de datos sensibles los hace vulnerables a ataques informáticos.
Alexis Cervantes Padilla, especialista en derecho digital, privacidad, protección de datos y litigio administrativo, pidió hacer un análisis de las implicaciones que tendría el Registro de Personas Usuarias de Telefonía Móvil, incluyendo áreas de oportunidad. Advirtió que la retención de datos por parte de los obligados por la ley sin causa justificada durante 24 meses puede exponer a vulneraciones y altos riesgos a los ciudadanos.
Miriam Josefina Padilla Espinosa, especialista en ciberseguridad y protección de datos personales, puntualizó que la ley debe contemplar cómo se van a recabar los datos, su calidad y actualización. Expresó que se debe revisar el componte técnico y que, cuando los concesionarios tengan la información, cómo van a protegerla, e implementar medidas de seguridad”.
Salvador Hernández Garduño, director general de Asuntos Jurídicos y Transparencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, enfatizó que se requieren medios públicos de radiodifusión como alternativa al poder hegemónico que representan algunos medios de comunicación que se guían por la lógica del mercado, donde haya espacio para la pluralidad de ideas y el desarrollo de un diálogo democrático.
Agneris Sampieri Ortega, analista de Políticas Públicas para Latinoamérica de Access Now, aportó que existe una concentración de atribuciones normativas, operativas, sancionadoras y de política pública en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, órgano desconcentrado, del cual se desconocen las operaciones independientes.
Jesús Sarmiento Montesinos, presidente de Radio Experimental, comentó que con esta ley hay enormes desafíos en materia de privacidad y equidad en el acceso a la información. “Es importante salvaguardar los derechos digitales en México y, por supuesto, abordemos estrategias y desafíos, así como la protección e identidad de la seguridad en línea, siendo responsabilidad del Estado frente a la seguridad”.
Al concluir el foro, el presidente de la Comisión, diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra (PAN), aseveró que la reflexión es cómo garantizar el cuidado de los datos personales, los biométricos, la privacidad de las personas, que el acceso a servicios públicos o privados no dependa de la entrega de información particular, y si las instituciones tienen la capacidad de resguardarlos. “Es una parte central en la que debemos tener claridad”.
“Como está la reforma en telecomunicaciones, es simplemente que se recaben los datos sin ningún procedimiento judicial, violando los derechos y la privacidad de las personas”, subrayó.