Sarkozy deberá ingresar a prisión la próxima semana para cumplir sentencia por financiar campaña con dinero de Gadafi
El expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará el próximo día 21 de octubre a la prisión parisiense de La Santé por la condena de cinco años de prisión dictada en su contra en septiembre pasado en relación con la financiación libia de su campaña presidencial de 2007, indicaron fuentes judiciales a varios medios franceses.
Sarkozy, que se convertirá así en el primer exjefe de Estado francés en ir a prisión, compareció este lunes ante la Fiscalía Nacional Financiera para conocer la fecha y el lugar de su encarcelamiento.
Su entrada en prisión se producirá el martes de la semana próxima debido a la orden de prisión emitida en su contra, pese a haber apelado la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Correccional de París hace 18 días.
El político conservador, que ejerció de presidente de 2007 a 2012, fue condenado el 25 de septiembre por conspiración para delinquir al permitir que sus allegados solicitaran al régimen libio de Muamar el Gadafi financiación ilegal para la campaña presidencial que le abrió las puertas del Palacio del Elíseo.
Sarkozy reitera su inocencia ante el Tribunal Supremo de Francia previo al veredicto final en segundo caso
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El tribunal justificó esta medida en el caso de Sarkozy, de 70 años, por la «excepcional gravedad de los actos» cometidos por un líder político que entonces aspiraba al máximo cargo de la República francesa.
Una vez en prisión, sus abogados podrán presentar una solicitud de puesta en libertad ante el Tribunal de Apelación, que tendrá un plazo máximo de dos meses para resolverla, es decir, justo antes de Navidad, y le permitiría presentarse libre al juicio en apelación previsto, en principio, para el próximo marzo.
En caso de ser rechazada, podrán formalizar otras.
Las únicas dos prisiones en la región de París que cuentan con espacios adaptados para presos que necesitan protección son La Santé en París y Fleury-Mérogis en Essonne, ya sea en los llamados «pabellones vulnerables» o en espacios de régimen de aislamiento, en el que, según medios franceses, debería estar Sarkozy, en una celda de unos nueve metros cuadrados.
El exjefe de Estado, que siempre ha mantenido su inocencia, proclamó tres días después de su condena por asociación delictiva —fue absuelto del delito de corrupción— que lucharía «hasta el último aliento» para que se reconozca su «honestidad». Y aseguró, con optimismo: «Ganaré».
Ni su condena ni la cercanía de su entrada en prisión han detenido su vida social. El miércoles pasado celebró una fiesta de «despedida» en un pabellón del Bosque de Boulogne, en París, con un centenar de asistentes, entre los que estaba el actual secretario general del Elíseo, Emmanuel Moulin, y la ministra de Cultura, Rachida Dati, informó el diario Le Figaro.
Pero no sólo apeló la sentencia Sakozy sino también los otros seis condenados en el mismo caso de la financiación libia de su campaña presidencial así como la fiiscalía, que contesta las sentencias absolutorias dictadas por el Tribunal Correccional de París, como la de Eric Woerth, tesorero de la campaña electoral de 2007.
Ese juicio en apelación debería celebrarse en una fecha aún no determinada, pero normalmente comprendida dentro de entre seis y 18 meses.
Paralelamente, Sarkozy conocerá el próximo 26 de noviembre el veredicto del Tribunal Supremo en el caso de la financiación ilegal de su campaña de 2012, la que perdió frente al socialista François Hollande, y en el que la fiscalía pide que se confirme la condena a seis meses de prisión impuesta en Apelación en febrero de 2024.
Los jueces en apelación y en primera instancia consideraron probados que en su campaña de 2012 se gastó el doble de lo que autoriza la ley, con una trama de facturas falsas para ocultar una doble contabilidad.
De confirmarse esa pena, sería la segunda definitiva pronunciada contra el expresidente, que en febrero del año pasado fue condenado a un año de cárcel por un caso de corrupción y tráfico de influencias, pena que cumplió en arresto domiciliario con brazalete electrónico entre febrero y mayo pasados, antes de ser puesto en libertad condicional por su edad.